Filantropía, beneficencia y caridad siglo y medio después de Concepción Arenal (II)

Por Luis Trigo Sierra

El modo de actuar de todo aquel que, movido por el altruismo, trabaja desinteresadamente en favor de otros implica en último término una acción de redistribución de riqueza. La del Estado parte del mecanismo del tributo; la de la Iglesia se sustenta en la limosna, el donativo, el resultado de ciertas actividades económicas y las prestaciones personales del clero y de voluntarios, aunque no hay que dejar de lado la conexión de la financiación de ciertas confesiones, especialmente la católica, con el fenómeno tributario, pues una parte de su financiación tiene este origen;  la de la sociedad civil, se basa también en la conjunción de prestaciones personales (contratados y voluntarios) y recursos derivados de subvenciones públicas, donaciones privadas y el resultado de actividades económicas, sin que la conexión con el mecanismo del tributo le resulte ajena,  tanto por el origen de las subvenciones como por los incentivos fiscales a la filantropía que existen.

Vemos, por tanto, que no solo hay concurrencia y convivencia sino colaboración e incluso incentivo desde las administraciones públicas a las demás formas de atender altruistamente las necesidades de terceros.

Un segundo aspecto sobre el que reflexionar es el sentido que ha de darse al término “desinteresadamente” que se predica de toda acción filantrópica.

Por lo que respecta a la intervención de los poderes públicos, cabe considerar que enlazar la misma con la filantropía puede hacerse exclusivamente para encontrarle un entronque histórico, dado que la actuación de éstos hoy en día responde a una razón jurídica,  que no es otra que el cumplimiento del mandato constitucional de atender a los derechos sociales exigibles por los ciudadanos o de posibilitar la consecución de aquellos otros que se contemplan en la norma fundamental con un alcance más aspiracional.

La acción del Estado respecto de la sociedad se legitima en el contrato social. Hoy es fuente de debate su reformulación. Hay quienes defienden un reforzamiento del papel del Estado, por considerar que a través del mismo se atienden objetivamente los intereses generales, y quienes consideran que hay que dar más protagonismo a actores que estén alejados del juego político y que trabajan para la sociedad desvinculados de los programas y los aparatos de los partidos, que al fin y a la postre son los que modulan, al elaborar sus programas (y al cumplirlos o no), en qué y cómo se concreta la acción social de redistribución de la riqueza que compete a las Administraciones Públicas.

Por tanto, la acción del Estado (y de las demás administraciones públicas) en favor de la sociedad no es interesada ni desinteresada, es legal y sólo puede definirse como filantrópica en la medida que ese presupuesto de hermandad de los miembros de la sociedad constituye fundamento e inspiración de las cartas magnas de los Estados.

Si hoy viviese Concepción Arenal estoy convencido de que se interesaría muchísimo en el análisis del reconocimiento constitucional de los derechos y aspiraciones sociales de los ciudadanos, en el entendimiento, alcance y plasmación legal de los mismos, en la eficaz y equilibrada definición de las formas de financiación y atención de las necesidades, de modo que las fórmulas redistributivas que se concibiesen fuesen realistas, operativas, sostenibles, justas y eficaces, así como coherentes con el conjunto del marco constitucional y, además, en la medición crítica de los resultados y en el control riguroso del uso de los recursos.

La acción de la Iglesia

Por lo que respecta a la acción de la Iglesia es desinteresada en cuanto que la caridad es consustancial y esencial al credo cristiano y se ejerce sin esperar nada a cambio. El hecho de que las acciones evangelizadora y caritativa puedan ir de la mano no implica que entre la una y la otra exista una relación de causalidad. Ambos presupuestos marcan el rumbo del creyente: el amor al prójimo en razón del vínculo común de hermandad que nos une y el deseo de comunicar y extender el llamado don de la fe, pero no se condiciona el ejercicio del uno a la aceptación del otro.

La caridad se ejerce libremente y en conciencia, salvo en aquellas iglesias o comunidades que tienen establecidos un diezmo. En algunas personas operará sólo reactivamente y como forma de aliviar la convivencia con la contradicción de sentirse moralmente obligado hacia los demás por el presupuesto de la fraternidad, consustancial a su credo, y el apego a la riqueza. En otras constituirá una respuesta permanente y espontánea a ese sentimiento de amor al prójimo.

Esta tensión ha sido, y es con frecuencia, centro de atención y de crítica desde fuera de la Iglesia, cuestionando no sólo los comportamientos de quienes incurren en mayor o menor medida en esas contradicciones  sino, en razón de ellos, el propio papel de la religión cristiana.  En el extremo de las posiciones críticas se situarían quienes sólo consideran al Estado como cauce para atender las necesidades y demandas sociales y que, pese a asumir aparentemente el respeto a la libertad de culto, pueden llegar a mostrar una gran hostilidad hacia la religión.

Pero la realidad actual en España lo que muestra es que la iglesia cristiana mayoritaria, que es la católica, ejerce una labor encomiable y valiosísima, no sólo de atención a las necesidades más inmediatas de las personas más desfavorecidas en nuestra sociedad a través de una canal  como es Cáritas, sino también en la ayuda al desarrollo, con la enorme labor de las misiones, y también en campos que siempre han sido lugares comunes de interés para la Iglesia, como son la educación y la atención a la salud y, por supuesto, la conservación y difusión del conocimiento de su riquísimo patrimonio cultural.

El Estado no sólo es consciente y reconoce esta labor (aunque en determinados ámbitos y cuestiones, según la coyuntura, se produzcan fricciones) sino que mantiene un sistema de financiación de la actividad de la Iglesia Católica, acordado con la Santa Sede, según el cual, una parte de la recaudación del IRPF puede destinarse a esta confesión, cuando así lo decida cada contribuyente, si bien, asumiendo que en un futuro, en la medida que la Iglesia alcance una situación de autofinanciación, las fórmulas de colaboración podrán variar.

También a quienes hagan donativos a la Iglesia Católica y demás iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscrito acuerdos de cooperación con el Estado Español se les reconocerán los beneficios fiscales previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La sociedad civil

Por último, la llamada sociedad civil abarca un heterogéneo conjunto de personas y entidades que engloba desde cada uno de los individuos que deciden contribuir a la ayuda de sus semejantes, bien con alguna aportación económica o con su trabajo voluntario, hasta entidades asociativas o fundacionales que agrupan personas y aplican recursos y estructuras organizativas a los fines públicos que quieren impulsar, proteger o amparar.

Los estudios que se han hecho en España sobre la percepción que se tiene del tercer sector y sobre la respuesta de la ciudadanía a sus iniciativas muestran una sociedad muy receptiva y predispuesta a colaborar en sus actuaciones.

El desinterés de quienes operan en éste ámbito deriva de que en su actuación no aspiran a obtener contraprestaciones materiales.  La Administración, en muchos casos, juega un papel tutelar y de vigilancia con relación al carácter desinteresado de su intervención y, cuando corresponde, a la finalidad social o pública de su actividad, en especial cuando estas entidades reciben un tratamiento fiscal privilegiado o son destinatarias de subvenciones.

Todas estas entidades, pero muy especialmente aquellas que se movilizan públicamente, a través de campañas, para recibir el apoyo económico de particulares, han de ser enormemente escrupulosas y transparentes en el manejo de los fondos que obtienen y en su destino a los fines concretos que apoyan, pues el daño que pueden ocasionar en la confianza de la gente si se desvían de sus objetivos es enorme.

Hoy en día muchas de estas entidades del llamado “tercer sector”, reciben recursos que proceden de la recaudación tributaria, tanto del IRPF como del Impuesto sobre Sociedades, en la medida que los contribuyentes de estos impuestos así lo dispongan. También son destinatarias de muchas subvenciones. Por otra parte, quienes hagan donativos a estas entidades pueden beneficiarse del mismo tratamiento fiscal que hemos indicado que se aplica a las dirigidas a la Iglesia Católica y demás iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscrito acuerdos de cooperación con el Estado español.

Pocos cambios

A modo de resumen se puede concluir que los actores que en tiempo de Concepción Arenal atendían las demandas sociales de la ciudadanía son los mismos que lo hacen hoy en día y que, además, las razones que les movían a hacerlo tampoco han cambiado.

El tiempo sí que ha contribuido a que el Estado evolucione hacia un modelo social, en el cual muchas de las demandas ciudadanas se han configurado unas como derechos constitucionales de obligada atención y otras como aspiraciones legítimas de la sociedad que los poderes públicos tienen que promover y dinamizar.

Otro seña de identidad del altruismo de nuestro tiempo es que la colaboración entre los diferentes operadores es una forma habitual de actuar, siendo la principal manifestación de esta colaboración la participación de la Iglesia y el tercer sector en los recursos públicos obtenidos principalmente de fuente tributaria, existiendo además otra conexión con la financiación pública de gran parte de las iniciativas sociales, sea quien sea quien las promueva: el incentivo fiscal a quienes las apoyan con donativos y aportaciones y la subvención pública de muchos de los proyectos de iniciativa privada.

Con sus imperfecciones y tensiones esta es, grosso modo, la foto presente del modelo de atención de las necesidades sociales en España. Su evolución futura va a tener mucho que ver con los cambios sociológicos que se están operando en la sociedad y con el desarrollo económico que seamos capaces de alcanzar. El análisis de estas circunstancias y la elaboración de previsiones son fundamentales para tratar de anticiparse al futuro especialmente si en el mismo pudiese producirse un déficit entre las necesidades existentes y los recursos disponibles. A ello nos referiremos en próximas entregas de este blog.

Podéis saber más sobre la labor de nuestra Fundación El Secreto de la Filantropía aquí.